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¿Gasolinazo?

December 28, 2010

Durante el periodo neoliberal, el incremento de los precios de los carburantes fue una política que permitió a sus sucesivos gobiernos equilibrar el déficit fiscal, es decir, la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos del Estado, tanto en el sector público consolidado como en el gobierno central y el sector público no financiero; pero también para encarar el pago de salarios a los funcionarios públicos y cumplir con otras obligaciones emergentes de la administración del Estado.

En otras palabras, los neoliberales asumieron el aumento de los precios de los carburantes como un mecanismo para maquillar el resultado negativo de las cuentas del Estado, porque el monto de los ingresos públicos recaudados no gastados no era suficiente para hacer frente al valor de los compromisos de pago legalmente adquiridos con cargo al mismo presupuesto.

Eran los tiempos del crónico déficit fiscal, de los gastos del Estado que superaban a sus ingresos y la única alternativa que ciegamente obedecían los gobiernos neoliberales eran las instrucciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), y descargaban todo el peso de la crisis en las espaldas del pueblo. Este mecanismo era conocido entonces como ‘gasolinazo’, es decir, un golpe en contra del poder adquisitivo de los salarios, pero que preservaba los privilegios de una élite política y económica que medraba de la administración del Estado.

Pero a diferencia de esa práctica del pasado reciente —producto del manejo irresponsable de la economía—, el Decreto Supremo Nº 748, aprobado este 26 de diciembre por el gobierno del presidente Evo Morales Ayma, fue asumido en un contexto en el que Bolivia logra —desde hace cuatro años— el superávit fiscal, reservas internacionales del BCB por más de 10 mil millones de dólares, no arrastra el crónico déficit fiscal neoliberal ni carece de capacidad de endeudamiento interno y externo, sino porque la subvención de los precios de los carburantes era insostenible.

Es que no era posible mantener un sistema de subvenciones que representaba al erario nacional una erogación de al menos 380 millones de dólares anuales, mucho más si tomamos en cuenta que, de ese millonario monto, unos 100 millones de dólares beneficiaban directamente a contrabandistas y a los habitantes de poblaciones extranjeras fronterizas con Bolivia. Además, en los últimos cinco años, la subvención se llevó más de 1.900 millones de dólares.

La política de subvención a los carburantes comenzó en la gestión del entonces presidente Hugo Banzer (1997-2001). Bolivia importa diesel de Argentina y Venezuela a precios internacionales, pero éste se mantenía congelado en el mercado interno y la diferencia era erogada por el Tesoro General del Estado (TGE).

Dicho de otro modo, la millonaria subvención a los precios de los carburantes representada una permanente sangría de recursos públicos —dignos de mejor destino— y beneficiaba a delincuentes que tenían en la comercialización de gasolina y diésel, principalmente, un mecanismo de facil enriquecimiento, mientras la factura la pagábamos todos los bolivianos.

Hace tres meses, el presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, ya había advertido que “el subsidio no sólo beneficia a los bolivianos. Cuando hay flujo de contrabando beneficia también a los países limítrofes”, y razones tenía.

En este contexto, el gobierno no sólo dictó el Decreto Supremo Nº 748, sino que también aprobó los decretos 749, 750 y 751; un conjunto de normas que destinadas a frenar la hemorragia de recursos públicos que favorecía a bandas delincuenciales que contrabandeaban nuestros carburantes hacia países vecinos.

Es decir, no solamente se trata de la nivelación de los precios de los carburantes, sino de un conjunto de medidas sociales adicionales e integrales. Y esta es la diferencia cualitativa que desmiente aquellas versiones que hablan de un ‘gasolinazo’ de Navidad. Veamos por qué:

El precio del litro de la gasolina especial fue fijado en Bs 6.47, gasolina premium en Bs 7.51, gasolina de aviación en Bs 7.29, querosén en Bs 5.30, jet fuel nacional en Bs 5.50, jet fuel internacional en Bs 7.67, diésel oil nacional en Bs 6.80, agro fuel en Bs 4.97, y el fuel oil en 5.42. En tanto que el GLP, el gas natural domiciliario, el gas natural vehicular, además del diésel que se utiliza para la generación de energía eléctrica han sido congelados.

No obstante, a la par del Decreto Supremo Nº 748, que nivela los precios de los combustibles, el Decreto Supremo Nº 749 instruye que la política de fomento a la producción y comercialización a precio justo, de productos agropecuarios y sus derivados, estará a cargo de Emapa con una inversión de Bs 270 millones para evitar el agio y la especulación. El Decreto Supremo Nº 750 —mientras se promulguen normas sectoriales— congela, a los niveles actuales, las tarifas de electricidad, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico al consumidor final. Además, autoriza al FPS la ejecución directa de programas y proyectos de provisión de infraestructura de agua y saneamiento básico en 2011.

El Decreto Supremo Nº 751 instruye el horario continuo en todas las instituciones públicas con 30 minutos de tolerancia para el refrigerio, por una sola vez al día, sin suspención de actividades y de acuerdo a un rol establecido. Según esta norma, el horario continuo podrá ser asumido también por la empresa privada, previa comunicación al Ministerio de Trabajo.

Además, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, garantizó que el incremento salarial para la gestión 2011 será establecido por encima del nivel de inflación.

Es que la nivelación de los precios de los carburantes era una medida necesaria para frenar la sangría de nuestra economía, para que Bolivia deje de subvencionar a países vecinos, para que gobernaciones, municipios y universidades reciban más recursos, para reinyectar fondos a políticas sociales. Entonces no es un gasolinazo.

La nivelación de los precios de los carburantes era una medida necesaria para frenar la sangría de nuestra economía, para dejar de subvencionar a países vecinos, para que gobernaciones, municipios y universidades reciban más recursos y para reinyectar fondos a políticas sociales.

Obtenido de: Periódico Cambio

From → Bolivia

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